Madera Controlada

La etiqueta de Fuentes Mixtas de FSC fue introducida en 2004 y permite que los fabricantes mezclen material certificado FSC con materiales no certificados en productos etiquetados FSC bajo ciertas condiciones controladas.

Esto ha permitido que los fabricantes puedan gestionar suministros escasos y fluctuantes de productos forestales certificados FSC, creando simultáneamente una demanda de madera certificada FSC. El Estándar FSC de Madera Controlada tiene el objetivo de evitar el uso de productos de madera procedentes de fuentes ‘inaceptables’ en productos etiquetados FSC.


Se deben evitar estos tipos de madera en los productos etiquetados FSC

• Madera obtenida de un aprovechamiento ilegal
• Madera obtenida de un aprovechamiento que infringe los derechos civiles
• Madera obtenida del aprovechamiento de bosques donde las actividades de gestión ponen en riesgo los Altos Valores de Conservación (áreas particularmente dignas de protegerse).
• Madera obtenida del aprovechamiento de bosques naturales que han sido convertidos a plantaciones
• Madera obtenida del aprovechamiento de áreas donde se planten árboles genéticamente modificados.


Las empresas que utilizan madera controlada están obligadas a llevar a cabo una evaluación de riesgo para identificar el riesgo de que su madera no certificada pudiera proceder de estas fuentes inaceptables. Esta evaluación de riesgo debe ser verificada de manera independiente como parte de la certificación de Cadena de Custodia.

El 1 de enero de 2013, FSC Internacional aprobó la Evaluación de Riesgo de la Madera Controlada para la Península Ibérica (Portugal Continental y España). Esta evaluación es aplicable desde la fecha de aprobación. La evaluación de riesgos se ha realizado a nivel nacional en España y Portugal, cubre todos los tipos de bosques y las cinco 5 categorías de madera controlada definidas por FSC.

Esta evaluación es aplicable a las empresas que han de identificar los riesgos en el abastecimiento de madera controlada procedente de la península ibérica.

Las empresas que ya han realizado las evaluaciones de riesgos para los montes de la península ibérica, tendrán un plazo de hasta 12 meses después de la fecha de aprobación para adaptar su evaluación a los nuevos requisitos de la Evaluación de Riesgos Ibérica.


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